TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION - REP. ARGENTINA
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ESA 698 VALORACIN DE TRANSACCIN DE MERCADERAS IMPORTADAS. LEY 23.311 Y SU DECRETO. DEROGACIN DE LOS ARTS DEL CA. ART VII DEL ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y DE COMERCIO. FACULTADES DEL FISCO. En materia de valoracin de mercaderas importadas, en virtud de lo establecido en la ley 23.311 y en el art. 18 del decreto 1026/87 a partir del 1.1.88 quedaron derogados los arts. 641 a 650 y 652 a 659 del C.A. La ley 23.311 aprob al acuerdo relativo a la aplicacin del art. VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y el Protocolo de ese acuerdo relativo a su aplicacin, firmados en Ginebra el 12.4.79 y el 1.11.79, respectivamente. Con la ley vigente cuando el valor de transaccin no es aplicable, corresponde valuar los bienes importados por otros mtodos que se aplican en orden decreciente. El primero es el valor de transaccin, luego debe adoptarse el precio de mercaderas idnticas a las importadas y, a falta de estas, el de mercaderas similares siguiendo el mtodo deductivo del valor de plaza interno. Contina el valor reconstruido a partir de adiciones al costo de produccin de los bienes finalizando con el mtodo del ltimo recurso que permite una aplicacin flexible de criterios razonables compatibles con el acuerdo del Gatt. El valor de transaccin es un criterio positivo de valor, que con las salvedades del art. 8 del acuerdo, no puede ser objeto de recomposicin. Sin embargo, ello no obsta a que el Fisco tenga derecho de comprobar la veracidad de las declaraciones de valor y que los precios viles o irrisorios puedan ser investigados, que es lo que acaeci en la especie respecto de la accionante. E TRANS INTER S.A.; Expte. N 22.392-A., 26.02.09. 22.392-ANo posee.
ESA 700 VERACIDAD Y EXACTITUD DEL VALOR DECLARADO. VALOR DE TRANSACCIN. LEY 24.425. ART VII DEL GATT. La ley 24.425 aprueba el Acta final en la que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, las decisiones, declaraciones y el Acuerdo de Marrackech por el que se crea la OMC y entre otros el Acuerdo relativo a la aplicacin del Art. VII del GATT, incorpora adems la Decisin del Comit de Valoracin en Aduana relativa a los casos en que las administraciones tengan motivo para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado. El Acuerdo Relativo a la aplicacin del Art. VII del GATT establece que el valor de transaccin, tal como se define en el art. 1, es la primera base para la determinacin del valor en aduana. El art.1 debe considerarse en conjuncin con el art. 8 que dispone, entre otras cosas el ajuste del precio realmente pagado o por pagar en los casos en que determinados elementos, que se considera forman parte del valor en aduana, corran a cargo del comprador o estn incluidos en el precio realmente pagado o por pagar por las mercancas importadas. El art. 1 ap. 1 de la Introduccin General, prev tambin que cuando el valor de transaccin no pueda determinarse sobre la base de lo dispuesto en el art. 1 el Acuerdo, establece en los art. 2 a 7 los diferentes mtodos a aplicar para determinar el valor en aduana, los que deben aplicarse en el orden que se numeran, salvo la inversin que autoriza el art. 4 con relacin a los mtodos previstos en los arts. 4 y 5. E TRANS INTER S.A.; Expte. N 22.392-A.,26.02.09. 22.392-ANo posee.
FSA 572 SEGURO DE CAUCIN. RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA. ALCANCE . Corresponde dejar establecido que la importadora de la mercadera bajo el rgimen de importacin temporaria garantiz el pago de los tributos, exigibles como consecuencia de su eventual incumplimiento para los D.I.T. involucrados, conforme a lo previsto en el art. 453, inc. c), del C.A., y utiliz a ese fin el seguro de caucin contemplado en el art. 455 del C.A., otorgado por la agraviada. Conforme lo establece el art. 453, inc. c), del C.A., la garanta debe asegurar el importe de los eventuales tributos que gravaren la importacin para consumo de la mercadera, debe entenderse que el monto de la garanta otorgada lo es por un importe estimativo, considerado ste sobre los tributos que correspondan al momento en que se tom la garanta, solucin esta posible dentro de lo establecido por la norma. En dicho entendimiento, la aseguradora, en virtud de la garanta dada, responde por todos los tributos adeudados por la importadora, que gravaban la importacin para consumo de la mercadera al tiempo de producirse el siniestro, esto es al tiempo de la infraccin conforme lo prev el art. 274 del C.A., lo cual excluye la pretensin de la garante de reducir el importe afianzado en funcin de los montos y conceptos que se establecen al momento de la constitucin de la garanta. El tope est dado por el monto de la garanta. Asimismo, y de acuerdo a lo previsto por el art. 1122 del C.A., la aseguradora debe hacer efectivo a la Administracin Nacional de Aduanas el importe pertinente, hasta la suma mxima fijada en las Condiciones Particulares, con ms los accesorios que resulten corresponder. Los derechos que corresponden a la Administracin Nacional de Aduanas contra el Tomador, en razn del siniestro cubierto por la pliza, se transfieren al asegurador hasta el monto de la indemnizacin pagada por ste. F ALBA COMPAA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. y SRI ARGENTINA S.A., Expte N 22.396-A, 30.06.08 22.396-ANo posee.
FSA 573 SEGURO DE CAUCIN. INTERESES. Las obligaciones tributarias de las co-actoras comprenden tambin los intereses que adeude la importadora desde que comenzaron a devengarse. Ello, en lo que respecta a la aseguradora, en virtud de lo prescripto en el art. 1997 del Cdigo Civil, que en su parte pertinente, establece que si la fianza fuese del principal o expresase la suma de la obligacin principal, comprender no slo la obligacin principal, sino tambin los intereses que se le hubieren devengado a la obligacin principal. En efecto, los referidos intereses son los intereses resarcitorios devengados desde la fecha de vencimiento del plazo de diez das, contados desde las respectivas corridas de vista de los sumarios aduaneros involucrados, conforme surge de aplicar lo dispuesto por el art. 794 del C.A. F ALBA COMPAA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. y SRI ARGENTINA S.A., Expte N 22.396-A, 30.06.08 22.396-ANo posee.
GSA 741 AUTOLIQUIDACIN. GARANTA. PROCEDENCIA FORMAL DEL RECURSO. SUPREMACA DE LOS TRATADOS. ART. 755 C.A. En el precedente de esta Sala in re Coto CICSA, expte. 22996-A, sentencia de fecha 21 de abril del ao 2008, de la declaracin de los Cdigos, ventajas y opciones se infiere en el caso que se trataba de una autoliquidacin (DEJUAUTO y V), con garanta por el plazo de espera (ESEX), y que la garanta se haba constituido mediante Declaracin Jurada (DDJJ) del Exportador (DEJUAUTO, ESEX y V), lo que implicaba que no exista depsito en efectivo, aval bancario o seguro de caucin, como garanta, sino que el documentante asuma el compromiso de constituirse en deudor de los tributos e intereses al vencimiento del plazo de espera sin necesidad de notificacin previa. Conforme lo expresa el art. 463 del Cdigo Aduanero, las cuestiones sobre el tipo de garanta que corresponde otorgar resultan de la competencia de la Aduana, bajo el procedimiento de impugnacin previsto en el art. 1053, inciso f). Ninguno de los incisos: a), b), c), d), y e) del art. 1053 del Cd. Ad. habilita el recurso de impugnacin en relacin a cuestiones vinculadas con el tipo de garanta a otorgarse. Ahora bien son las resoluciones recadas en cuestiones vinculadas a estos incisos a), b), c), d), y e) del art. 1053 del Cd. Ad., las nicas que pueden ser recurridas ante el Tribunal Fiscal de la Nacin (art. 1132 del Cod. Ad.). En consecuencia, el Tribunal Fiscal de la Nacin resulta incompetente para conocer en apelaciones de resoluciones que corresponde sean tratadas por la Aduana en el mbito del art. 1053, inc. f) del Cdigo Aduanero. Cabe aclarar que el art. 1 del Tratado de Asuncin (aprobado por ley 23.981) dispuso que el MERCOSUR, como mercado comn implica La libre circulacin de bienes, servicios y factores productivos entre los pases, a travs, entre otros, de la eliminacin de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulacin de mercaderas y de cualquier otra medida equivalente... Sin embargo, como lo sostuviera la Dra. Catalina Garca Vizcano en la sentencia dictada con fecha 12/8/05 en el expediente n18.476-A caratulado Sancor C.U.L. c/D.G.A. s/recurso de apelacin ...las clusulas de este Tratado son meramente programticas y por ellas Argentina no se comprometi especficamente a no establecer derechos de exportacin en el futuro. A travs de la ley 25.561 (B.O.7/1/02) se declar el estado de emergencia pblica en materia social, econmica, administrativa, financiera y cambiara, con arreglo a lo dispuesto en el artculo 76 de la Constitucin Nacional, delegando al Poder Ejecutivo Nacional las facultades comprendidas en la mencionada ley, hasta el 10 de diciembre de 2003, con arreglo a las bases y finalidades all especificadas (art. 1). La Resolucin N 11/02 del Ministerio de Economa e Infraestructura se dict con base en la ley citada y tambin con fundamento en las facultades conferidas la Ley N 22.415 [Cdigo Aduanero], la Ley de Ministerios (texto ordenado 1992, con sus modificaciones ulteriores), y los Decretos Nros. 751 de fecha 8 de marzo de 1974 y 2752 de fecha 26 de diciembre de 1991. Por esa Resolucin n11/02, cuestionada en autos, se fijaron los derechos a la exportacin para consumo de diferentes mercaderas comprendidas en la Nomenclatura Comn del Mercosur Por el art. 31 de la Constitucin Nacional Argentina se establece el principio de jerarqua de las normas, al disponer: ...Esta Constitucin, las leyes de la Nacin que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nacin.... Que la reforma de 1994, en el art. 75 inciso 22, especifica que los tratados y concordatos tienen jerarqua superior a las leyes. A su vez el inc. 24 del art. 75 se refiere a los tratados de integracin que deleguen competencia y jurisdiccin a entidades supraestatales, en las condiciones all establecidas, reconociendo a las normas que se dicten en su consecuencia jerarqua superior a las leyes. Respecto al mentado principio, la Dra. Mara Anglica Gelli, en su libro La Constitucin de la Nacin Argentina, Segunda edicin ampliada y actualizada Ed. La Ley del ao 2003, (pag.593) opina que la reforma constitucional, dispuso expresamente que todos los tratados estn por encima de las leyes, sean bilaterales; multilaterales, acuerdos de integracin o Concordatos con la Santa Sede... . Asimismo, al comentar el art.75 inc. 24 (pg. 600) manifiesta respecto de la Integracin SupraestatalSupraestatal, la jerarqua y los alcances que El fenmeno de integracin supraestatal en diversos niveles, supone una transformacin de la soberana tal como se la conceba cuando nacieron los estados nacionales en el siglo XV y que se definan a si mismos con relacin a la extranjera representada por las otras naciones.... Sin perjuicio de la supremaca de los tratados internacionales, derivado de las normas precitadas, cabe sealar, como lo hace la Dra. Catalina Garca Vizcano en la sentencia antes citada que .... en la especie no se ha invocado norma alguna de derecho internacional (tratado, convenio, etc.) por la cual nuestro pas se haya obligado de modo operativo a no imponer derechos de exportacin. Conviene sealar al respecto que la limitacin a las facultades de los Estados Miembros del Mercosur de establecer derechos de exportacin corresponde que sea determinada por normas operativas especficas convenidas por los Estados Miembros, y que las mismas no pueden en principio ser inferidas directamente de las clusulas programticas, pues de otra manera no se cumplira con lo dispuesto en el art. 2 del Tratado de Asuncin, en el sentido que el Mercado Comn estar fundado en la reciprocidad de derechos y obligaciones entre los Estados Partes, lo cual implica que esos derechos y obligaciones deben estar claramente establecidos en sus mbitos materiales (definicin concreta de los derechos y obligaciones involucrados, as como los aspectos en ellos involucrados, como por ejemplo el mbito arancelario incluido y las excepciones admisibles, si existieran), as como de los aspectos temporales (fechas o bien determinacin precisa de perodos temporales) referidos a esos derechos y obligaciones, debiendo esas precisiones surgir de los Acuerdos entre los Estados Miembros en forma detallada, sin perjuicio de las dems normas que se adopten en los trminos del art. 40 del Protocolo de Ouro Preto. En el sentido indicado las clusulas contenidas en el art. 1 del Tratado de Asuncin, y el art. 1 del Anexo I Programa de Liberacin Comercial del mismo Tratado, por su carcter meramente programtico, no contienen las precisiones necesarias que aseguren de manera concreta la reciprocidad de los derechos y obligaciones de los Estados Partes (art. 2 del Tratado de Asuncin). Puede observarse, al respecto, que en los Acuerdos de Complementacin Econmica implementados con base en el Tratado de Asuncin, slo excepcionalmente o incidentalmente se han regulado aspectos relativos a los derechos de exportacin, por lo que la existencia de normas operativas que pretendan restringir o modificar a las facultades de los Estados para imponerlos, slo podra derivar normas concretas y expresas contenidas en nuevos acuerdos. El suscripto comparte asimismo algunos conceptos contenidos en los dictmenes jurdicos del servicio aduanero, en casos similares, que estiman que las regulaciones del Tratado de Asuncin han puesto el acento en las desgravaciones y preferencias que puedan aplicarse a los aranceles de importacin (v.gr. Anexo I, art. 3 del Tratado citado). Ello puede comprobarse, como se anticipa en el prrafo precedente, si se analiza el contenido de los Acuerdos de Complementacin Econmica suscriptos por los Estados Miembros con posterioridad al Tratado de Asuncin, donde las menciones y regulaciones referidas a derechos de exportacin aparecen con carcter muy excepcional. Aunque se admita que la liberacin comercial que implica el Mercosur comprendiera en sus objetivos finales la no implementacin por los Estados Partes de restricciones arancelarias a la exportacin, debe, no obstante, tenerse en cuenta la realidad operativa del Mercosur, en la que los derechos de exportacin no han sido sujetos a regulaciones expresas y concretas, en cuanto a su magnitud y vigencia temporal, y en cuanto a las facultades de los Estados Parte para su imposicin, desde la vigencia del Tratado de Asuncin. Por ello no resulta razonable una interpretacin que estime que pueden considerarse suprimidas las facultades de imposicin de derechos de exportacin por los Estados Parte, de una manera automtica, y a una fecha determinada, sin necesidad de requerirse previamente la aprobacin de convenios operativos que regulen en detalle la manera de implementacin de esa consecuencia y finalidad, preservando el criterio, asimismo, de vigencia simultnea expresamente requerida para todos los Estados Parte. Se reitera una vez ms, al respecto, el concepto expresado por la Dra. Garca Vizcano, que en lo sustancial se comparte, en el sentido de que no se han invocado normas internacionales, derivadas de tratados vigentes, que establezcan normas operativas que limiten la facultad del Estado Argentino de imponer o modificar derechos de exportacin. Pero a diferencia de la opinin de la distinguida colega mencionada, y como resultado de un nuevo estudio de la cuestin, se considera que el cronograma de desgravacin o la fijacin de derechos de exportacin contenidos en el decreto 2275/94 (v.gr. art. 7 y Anexo VI del decreto 2275/94 para semillas de oleaginosas y el Anexo VII de ese decreto respecto de la exportacin de cueros), para que puedan implicar para la Argentina obligacin de mantener, o no modificar en el futuro esos regmenes, esa obligacin debe surgir, de manera directa, de los tratados internacionales en vigencia. Como consecuencia de lo expuesto, el Poder ejecutivo de nuestro pas se encuentra facultado para establecer derechos de exportacin, en consonancia con lo dispuesto por el art. 755 ap. 1 del C.A. Precisamente el art.755 ap. 1 del Cdigo Aduanero confiere amplias facultades al Poder Ejecutivo para imponer derechos de exportacin, para atender las finalidades previstas en el ap. 2 de la misma norma, las que fueron delegadas en el Ministerio de Economa conforme a las disposiciones que se citan en el Considerando de la citada Resolucin N 11/02 y, especficamente, por el decreto N 2752/91. Respecto del ejercicio de las facultades legislativas delegadas, que surge de la Resolucin del Ministerio de Economa N 11/02, y como lo recuerda la Dra. Garca Vizcano en la sentencia citada, la Corte Suprema Nacional ha afirmado que el Congreso no puede delegar en el Poder Ejecutivo o en otro departamento de la Administracin las atribuciones o poderes que le han sido conferidos, pero advirti que no existe propiamente delegacin sino cuando una autoridad investida de un poder hace pasar el ejercicio de ese poder a otra autoridad descargndolo sobre ella. Asimismo aclar que existe una distincin fundamental entre la delegacin de poder para hacer la ley y la de conferir cierta autoridad al Poder Ejecutivo, a fin de regular pormenores y detalles. Estim asimismo que no puede juzgarse invlido el reconocimiento de facultades sujetas al arbitrio razonable del Poder Ejecutivo, siempre que la poltica legislativa haya sido claramente establecida (Fallos 270:42, 286:325 y 310:2193). La Corte Suprema, asimismo, determin que ejecutar una poltica legislativa determinada implica tambin el poder de dictar normas adaptadas a las cambiantes circunstancias, sobre todo en una materia que por hallarse tan sujeta a variaciones, se estim conveniente dejar librada al prudente arbitrio del Poder Ejecutivo, en vez de someterla a las dilaciones propias del trmite parlamentario, y que consecuentemente esas normas no importan una delegacin propia de facultades legislativas sino un ejercicio, condicionado y dirigido al cumplimiento de las finalidades queridas por el legislador, de una actividad normativa circunscrita a los lmites de la ley en la que encuentra su fuente. Cabe agregar que con posterioridad a la reforma constitucional de 1994, que limitara por su art. 76 la delegacin de facultades legislativas a supuestos de materias determinadas de administracin o de emergencia pblica las leyes 24.148 y 25.918 aprobaron la totalidad de la legislacin delegada ejercida con fundamento en las normas vigentes con anterioridad a la reforma constitucional de 1994, por lo que debe entenderse que las atribuciones o delegaciones del art.755 del C.A. an subsisten. Las cuestiones que pudieren plantearse con relacin a este aspecto, con posterioridad a la reforma constitucional de 1994, no han sido objeto de pronunciamiento por la Corte Suprema, como bien lo seala la Dra. Garca Vizcano en la sentencia ms arriba indicada. G SIDUS S. A.; Expte.N 22.397-A, 26.02.09 22.397-ANo posee.
FSA 376 IMPORTACIN TEMPORARIA. CARGA DE LA PRUEBA. ARTCULO 377 DEL C.P.C.C.N. Es dable destacar que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones relativas al rgimen de importacin temporaria recae sobre la firma importadora, de acuerdo con el principio general en materia de carga de la prueba consagrado en el artculo 377 del C.P.C.C.N., razn por la cual tambin recae sobre ella la prueba de la calidad de merma de la mercadera en infraccin, as como de su menor valor. F RECKITT BENCKISER S.A. Expte. N 22.419-A, 13.08.07.22.419-ANo posee.
FSA 379 INFRACCIN. ESTRUCTURA. ARTCULO 902 DEL CDIGO CIVIL. En el esquema del Cdigo Aduanero la infraccin est estructurada sobre la base de la inobservancia de las obligaciones inherentes al rgimen, obligaciones que consisten en desarrollar conductas determinadas y en el plazo que al efecto se otorga. A su vez, la especial relacin que se entabla entre el servicio aduanero y las personas que desarrollan su actividad en el rea del comercio exterior, torna aplicable el principio general del derecho, receptado en el art. 902 del Cdigo Civil, conforme al cual cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor ser la obligacin que resulte de las consecuencias posibles de los hechos. F RECKITT BENCKISER S.A. Expte. N 22.419-A, 13.08.07.22.419-ANo posee.
FSA 387 NULIDAD. RESTRICCIN DE LA DEFENSA EN JUICIO. La doctrina de la C.S.J.N. sostiene que cuando la restriccin de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violacin del art. 18 de la Constitucin Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restriccin en una etapa jurisdiccional posterior. (Entre otros fallos: 205-549 y 267-393) F RECKITT BENCKISER S.A. Expte. N 22.419-A, 13.08.07.22.419-ANo posee.
BSI-421 GANANCIAS. DEDUCCIN NO PREVISTA. De acuerdo al carcter restrictivo del Art. 148 del decreto reglamentario del Impuesto a las Ganancias, toda previsin ajena a lo normado, no puede ser deducible de la base imponible del Impuesto a las Ganancias. B AEBA AMBIENTE Y ECOLOGA DE BS. AS. S.A. Expte. 22.425-I, 20.02.0722.425-INo posee.
ESA- 406 ACTOS DEFINITIVOS E IRREPRODUCIBLES. CITACIN DEL INTERESADO. VERIFICACIN DE LA MERCADERA. Si bien es esencial la intervencin del imputado en los llamados actos definitivos e irreproductibles (conf. lo ha sostenido la Dra. Garca Vizcano en Derecho Tributario, Tomo II, p. 208, 3 edicin, LexisNexis, Buenos Aires, 2006), el inc. b) del art. 1094 del CA slo refiere a la citacin del interesado respecto de la verificacin de la mercadera, a fin de que con posterioridad no se controvierta su estado o naturaleza, mas no impone el requisito de la citacin del interesado con relacin a la clasificacin y valoracin de la mercadera, operaciones propias del servicio aduanero, que luego pueden controvertirse en estadios (etapas o instancias) ulteriores, por lo cual, en principio, no tienen el carcter de actos definitivos e irreproductibles. E TEVELAM SRL, Expte. N 22.427-A, 16.11.07.22.427-A bajar archivo pdf
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